Desarrollo de una Crisis

Demanda Variable

Desde los desalojos masivos desatados por la crisis inmobiliaria del 2008, el número de inquilinos se ha incrementado en toda la nación. Seis millones fueron agregados cuando los bancos arrancaron la posesión de sus hogares y millones más comenzaron a rentar como trabajadores jóvenes que entraron al mercado laboral enfrentando una recesión junto con aumentos enormes al costo de vivienda. Los inquilinos ahora son más de 50% de la población en las 100 ciudades más importantes de EEUU. Sin embargo el alto costo de la renta, junto con sueldos estancados o en declive significa que 50% de estas viviendas arrendadas ahora pagan alquiler inasequible. En Santa Cruz, el porcentaje de inquilinos a crecido de un 53% en el 2000 a 60% en el 2017, convirtiéndose, indiscutiblemente, en una ciudad mayoritaria de inquilinos.

Igual que a otras ciudades a nivel nacional, vemos un incremento en el número de familias y profesionales que alquilan casas en vez de comprarlas. Particularmente en Santa Cruz, vemos ciertos subgrupos de inquilinos tomando un papel mayor en este crecimiento: trabajadores agrícolas mudándose a la ciudad por trabajos mejores pagados en la industria del servicio (documentado por el proyecto Trabajando por la Dignidad), una creciente población estudiantil en UCSC, trabajadores de alta tecnología del Valle del Silicon mudándose aquí por el estilo de vida y los alquileres relativamente más bajos, y una tasa en aumento de alquiler vacacional de corto plazo.


Estudiantes Inquilinos

Alquileres Vacacional de Corto Plazo


Producción/Suministro

El incremento creciente en vivienda asequible ha sido acompañado por la falta de producción y suministro a escala nacional y local. A nivel federal, esta tendencia ha venido ocurriendo por los últimos 50 años. Con el giro hacia la privatización y financiarización de los mercados de vivienda y el favorecimiento de de propiedad exclusivo de una familia por encima de alquiler multifamiliar, hemos visto abruptas reducciones en las asignaciones generales para la construcción y mantenimiento de vivienda asequible. La presunción ha sido que el mercado privado llenaría este vacío presupuestario. Sin embargo, abandonados a sus propios recursos, los mercados han sido incapaces e indispuestos a hacerlo. Es conocimiento popular que “las viviendas asequibles no ofrecen ganancias.” Sin el sector público, la historia muestra, que la vivienda asequible adecuada, no será construida.

La situación a nivel estatal es similar. Hasta el 2011, California podría compensar parcialmente la disminución federal a través de su Agencias de Reurbanización [AR], que gastó por lo menos 15% de sus fondos en construir y mantener vivienda asequible. El AR de Santa Cruz, ayudó a construir y monitorear cientas de unidades de vivienda asequible.

Pero en el 2011, el Gobernador Jerry Brown firmó una legislación para eliminar los ARs. Una vez más, las inmobiliarias privadas, solamente complieron una fracción de la demanda por vivienda asequible local y estatal, aun cuando ayuda  federal, como la local HOME y los subsidios de la Sección 8 fueron reducidos

Muchas municipalidades también han usado ordenamiento inclusivo para incentivar a mobiliarias privadas a que construyan vivienda asequible. Santa Cruz estaba avanzado en esta cuestión, con las Medidas Urbanas J y O, inauguradas a principios de 1980, creando una línea de servicios urbanos y estipulando que 15% de las unidades construidas tenían que ser asequibles. Sin embargo en 1990, La Mesa de Supervisores de Santa Cruz, bajo presión de propietarios de vivienda, votaron para “sub-desarrollar” dentro de la línea de servicios urbanos— limitando la densidad de viviendas y la disponibilidad de vivienda asequible. Para conformarse a estas regulaciones de zonificación, las inmobiliarias residenciales requirieron construir viviendas unifamiliares en lotes grandes, en vez de construir más viviendas asequibles pequeñas y viviendas multifamiliares.

Con deficiencias en cada escala, Santa Cruz esencialmente dejó de producir viviendas asequibles nuevas, y su reserva existente fue cada vez más inadecuada para satisfacer la demanda.

Preservación/Protección

No es solo que nada de viviendas asequible han sido construida, la que existe no han sido preservada, además, aquellos que la habitan no poseen protección legal. A principios de 1970, cuando el gobierno federal detuvo el presupuesto para construir proyectos de vivienda nuevos, y cortó los fondos para mantener las unidades existentes, las acciones de la Vivienda Pública de EE.UU. bajó precipitadamente. Durante el mismo periodo los fondos para HUD (Agencia de Vivienda y Desarrollo Urbano) disminuyeron de 8% a 1% del presupuesto federal, recortando el subsidio para programas como Sección 8.

Con pocas opciones fuera del mercado privado, la organización de inquilinos incremento durante los 1970 y los '80s, y una cantidad de municipalidades promulgaron o fortificó controles de renta y medidas protectoras anti-desalojos. Sin embargo, el condado de Santa Cruz, fallo promulgar el control de renta tres veces a finales de 1970 y principios de los 80. En California, los inquilinos perdieron cobertura legal adicional cuando ante una serie de leyes en favor a los arrendadores y resoluciones legales.

La Acta Ellis de 1985 le da a los arrendadores derecho incondicional de desalojar a los inquilinos y eliminar unidades de renta estable para que queden “fuera de negocio,” y después renovar las propiedades y venderlas o rentarlas a la taza del mercado. El Acta de Costa-Hawkins, le permite a los arrendadores utilizar “control de vacantes” para incrementar la renta cada vez que los inquilinos se mudan, y limita de manera severa el número y tipo de unidades protegidas por el control de renta. Y una apelación legal, Palmer vs. La Ciudad de los Angeles protegió a las rentas californianas de requerimientos de zonificación inclusiva.

Para el 2015, en el contexto de la crisis nacional financiera/inmobiliaria y la presión del mercado regional, la lista de inquilinos en espera de Santa Cruz continuó aumentando, con alrededor de 5,000 inquilinos en la lista de espera de la Sección 8. Esto, junto con rápido aumento del alquiler y desalojos, a renovado el llamado por control de renta y protecciones para inquilinos. Sin embargo, las protecciones para inquilinos en la Ciudad y el Condado continúan siendo erosionadas, incluyendo en 2017 con la eliminación de los fondos de la ciudad y el condado para la protección legal de inquilinos.

Política

Desde el periodo posterior a las 2nda Guerra Mundial, y aumentando en los 1980s, las políticas nacionales han incentivado la posesión de propiedad y vivienda y apoyado la de-regulación de los mercados de alquiler y vivienda, minando los derechos y poder de los inquilinos. Esto a resultado en una lucha política cada vez más fuerte entre los arrendadores, propietarios de vivienda, e inquilinos. En California, los arrendadores organizados, a través de organizaciones de cabildeo como La Asociación Californiana de Apartamentos, han buscado bloquear las protecciones de inquilinos a nivel estatal, así como cualquier intento de enmendar o remover legislaciones pro-arrendadores como la de Costa Hawkins.


NIMBYs y YIMBYs

Movimientos Inquilinos